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En América Latina, la tecnología ha llegado al sistema de pensiones, lo que suena prometedor, pero también ha traído retos. La baja formalización laboral, poca educación financiera y débiles mecanismos de verificación han facilitado fraudes como retiros no autorizados o suplantación de identidad, afectando los ahorros de millones en países como Chile, Colombia y Perú. 

¿Cómo pueden las instituciones recuperar la confianza? Hoy hablamos de las soluciones tecnológicas que están cambiando el panorama y los pasos clave para administradores, reguladores y ciudadanos.

¿Qué está pasando con los fraudes en pensiones en América Latina?

En Colombia, la Fiscalía General ha reportado casos de tramitadores que suplantan a los afiliados para acceder a pensiones anticipadas. En Perú, durante el proceso de retiros extraordinarios de fondos de las AFP, se identificaron casos de solicitudes con documentos falsos. Y en Chile, la Superintendencia de Pensiones ha señalado el uso indebido de claves personales para acceder a cuentas de ahorro previsional.

Estas situaciones revelan una vulnerabilidad común: la débil verificación de identidad en procesos digitales. Esto ha incrementado el volumen y sofisticación de fraudes que afectan directamente al trabajador y generan altos costos operativos y reputacionales a las administradoras.

¿Cómo operan los fraudes más comunes en los sistemas de pensiones?

  • Suplantación de identidad: Delincuentes utilizan datos robados para hacerse pasar por los titulares y solicitar retiros o transferencias.
  • Uso de documentos falsos: En países donde aún se aceptan solicitudes en papel o digitalizadas sin validación multibiométrica, es posible falsificar certificados de defunción, matrimonio o desempleo.
  • Acceso indebido a cuentas: A través de ingeniería social o robo de credenciales, los defraudadores acceden a plataformas digitales de las AFORE o AFPs.
  • Tramitadores externos o “gestores” fraudulentos: Ofrecen servicios para acelerar trámites, pero en realidad cometen fraude con documentos alterados.

Impacto para los usuarios y para las administradoras

  • Pérdida de patrimonio: El afiliado puede ver reducido su fondo de retiro por un retiro no autorizado.
  • Daño reputacional: Las AFOREs y AFPs pierden credibilidad si no logran proteger los ahorros de sus clientes.
  • Procesos legales y costos operativos: Revertir fraudes implica litigios, reembolsos y aumento en medidas de control.

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Tecnologías que están marcando la diferencia

La respuesta a este nuevo escenario ha sido la implementación de tecnologías que permiten verificar la identidad con mayor precisión y detectar comportamientos sospechosos en tiempo real.

  • Biometría facial y dactilar: Permite validar que quien solicita un trámite es realmente el titular, comparando con datos oficiales o históricos.
  • Validación de identidad digital (KYC): Verificación documental y biométrica integrada al inicio de sesión o durante procesos clave.
  • Inteligencia artificial para detectar patrones sospechosos: Algoritmos que analizan comportamiento inusual, como solicitudes múltiples desde IPs extranjeras.
  • Notificaciones en tiempo real y doble verificación: Alertas por correo o SMS cuando se realizan cambios o solicitudes relevantes, con confirmación obligatoria.

Casos de éxito en la región

  • Chile: AFP Habitat implementó reconocimiento facial para autorizar retiros y mejorar la seguridad en línea.
  • Perú: Algunas AFP han incorporado soluciones de verificación multibiométrica antes de autorizar movimientos extraordinarios.
  • Colombia: Colpensiones y Protección han establecido sistemas de autenticación robustos integrados con bases de datos gubernamentales.

En todos estos casos, las instituciones han trabajado junto con empresas tecnológicas y entidades reguladoras para reforzar la seguridad del ecosistema previsional.

Hacia un sistema de pensiones más seguro y confiable

El fraude en pensiones es un reto que no podemos enfrentar solos, necesita del trabajo conjunto entre administradoras, gobiernos y ciudadanos. ¿Cómo podemos lograrlo? Las instituciones deben apostar por tecnologías avanzadas de autenticación, asegurarse de que cada proceso sea trazable y tener planes claros para responder ante incidentes. 

Los reguladores, por otro lado, deben actualizar las normativas para garantizar validaciones digitales seguras, mientras que los ciudadanos, deben informarse y tomar medidas para proteger su identidad. Al final, la digitalización del sistema de pensiones solo funcionará si construimos un espacio basado en certeza y seguridad, apoyándonos en herramientas como la biometría, la inteligencia artificial y el KYC digital.